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El aumento de la violencia en México comienza a pegarse al 'presidente Teflón' tras un año en el poder

by Steve FisherKate Linthicum
| March 3, 2020 12:39 AM

CIUDAD DE MÉXICO — A las siete de la mañana, todos los días de la semana, mientras el sol sigue saliendo sobre esta extensa capital rodeada de montañas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se para frente a un grupo de cámaras de noticieros y comienza a hablar.

Sus conferencias de prensa, que pueden durar hasta tres horas, a menudo vagan entre una amplia variedad de temas. En un día cualquiera puede hablar de política, béisbol, el impacto de las políticas económicas neoliberales o la historia de la conquista española.

Cada vez más, el locuaz comandante en jefe de México ha tenido que enfrentarse a un tema que preferiría no tratar: La ascendente ola de violencia en México y las crecientes dudas sobre su estrategia para erradicarla.

López Obrador, un populista de izquierda de 66 años de edad, fue elegido en una victoria aplastante el año pasado, en parte por su promesa de traer la paz a esta nación cansada de la violencia.

Renunciando al enfoque militarizado de sus predecesores, a quienes acusó de convertir a México "en un cementerio", se comprometió a transferir las funciones de seguridad pública de las fuerzas armadas a una nueva Guardia Nacional civil y a combatir el crimen organizado luchando contra la pobreza.

"Abrazos, no balazos" fue su pegadizo lema de campaña.

Pero mientras López Obrador se preparaba para cumplir su primer año en el cargo el 1º de diciembre, las altas tasas de homicidios y una serie de actos extremos de violencia de parte de los cárteles han invitado a un mayor escrutinio de sus políticas de seguridad, algunas de las cuales contradicen su elevada retórica en la práctica.

Significativamente, no ha desmilitarizado la seguridad pública ni ha enviado a los soldados de vuelta a sus cuarteles como prometió.

La Guardia Nacional, que López Obrador prometió poner bajo control civil, está siendo dirigida por un ex general del Ejército recientemente retirado, y casi el 80 por ciento de la fuerza está compuesta por ex soldados o marinos.

Muchas de las nuevas tropas aún no han recibido la formación prometida en materia de derechos humanos y de cómo llevar a cabo investigaciones penales, que se supone que es una de sus nuevas obligaciones.

En los últimos meses, muchos miembros de la Guardia Nacional se han desviado por completo de la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada. Después de que el presidente Donald Trump amenazara a México con aranceles si no reducía el número de migrantes centroamericanos que llegaban a Estados Unidos, López Obrador ordenó que miles de esas tropas de la Guardia fueran a las fronteras norte y sur de México para reducir la inmigración ilegal.

El mandato de las tropas sigue siendo en gran medida poco claro. ¿Es esencialmente reemplazar a la policía local? ¿Bajo qué circunstancias se desplegarán?

"Necesito saber mucho más sobre la Guardia Nacional, dónde va a estar y qué va a hacer", dijo Aileen Teague, una becaria postdoctoral de la Universidad de Brown que está escribiendo un libro sobre el impacto de las políticas antidrogas y los esfuerzos policiales de Estados Unidos en México.

Mientras que muchos de los que han estudiado la guerra contra las drogas están de acuerdo en que una ruptura con la estrategia militarizada del pasado es un buen paso para México, señaló Teague, López Obrador ha ofrecido, de manera frustrante, muy pocos detalles.

"Sus metas son valiosas", apuntó. "Pero cuestiono sus planes de ejecución".

Frente a estas preguntas, López Obrador responde a menudo diciendo que heredó un país donde la violencia ya estaba fuera de control. También ha enfatizado que algunos elementos de su plan (un programa que ofrece transferencias de efectivo a cientos de miles de mexicanos pobres, por ejemplo) no son soluciones rápidas y están diseñadas para ayudar a frenar la delincuencia a más largo plazo.

A veces reaccionó enojado, afirmando que ya ha hecho de México un lugar más pacífico y que los mexicanos necesitan tener paciencia.

Él y los miembros de su Gabinete señalan con orgullo una ligera disminución de los homicidios en los últimos meses: en octubre, dos mil 866 mexicanos fueron asesinados, una cifra ligeramente inferior a la cifra máxima mensual de dos mil 993 en junio de este año. El secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, ha descrito el descenso como un "punto de inflexión".

Sin embargo, México aún está en camino de ver cerca de 35 mil homicidios en 2019, lo que rompería el récord del año pasado de 33 mil 341 asesinatos.

Una serie de incidentes de seguridad de alto perfil han planteado interrogantes sobre si el gobierno ha cedido el control de partes del país al crimen organizado, especialmente el torpe esfuerzo del gobierno en octubre para capturar al hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Al menos 13 personas murieron cuando el cártel de Sinaloa tomó el control de la norteña ciudad de Culiacán en un exitoso esfuerzo por forzar la liberación del hijo de Guzmán.

Al hablar sobre el incidente en una de sus conferencias de prensa unos días después, López Obrador elogió a los soldados y a las tropas de la Guardia Nacional que participaron en la operación fallida y defendió su decisión de liberar a Guzmán, la cual, según dijo, fue tomada para salvar vidas.

"Ya no combatiremos la violencia con violencia", aseveró. "Ya no hay una guerra contra el narcotráfico".

El experto en seguridad Javier Oliva dijo que declaraciones como esa envían una señal peligrosa a los grupos criminales de México.

"Los grupos criminales podrían interpretar que 'abrazos no balazos' es una oportunidad para ganar territorio a medida que las autoridades retroceden", advirtió.

En las semanas posteriores al incidente de Culiacán, se produjeron escenas similares en otras ciudades.

A principios de este mes un cártel aterrorizó a Ciudad Juárez, en la frontera con El Paso, quemando 35 vehículos en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Otro grupo criminal también se apoderó del control de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, bloqueando las intersecciones con autobuses y tractocamiones a los que habían prendido fuego.

Y luego están los dramáticos asesinatos en masa que parecen ocurrir cada pocos meses.

En el estado de Michoacán, 19 cadáveres fueron colgados de un puente o dispersados en agosto, y 14 policías fueron emboscados y asesinados en octubre.

En el estado de Veracruz, 30 personas murieron cuando un club de striptease fue blanco de bombas incendiarias en agosto y, en el estado de Sonora, nueve mujeres y niños que pertenecían a una secta mormona escindida fueron asesinados a tiros este mes.

El periódico Zeta, con sede en Tijuana, contó 53 masacres (incidentes violentos en los que murieron al menos cuatro personas) en los primeros 11 meses del mandato de López Obrador.

Según el periódico, solo se ha detenido a sospechosos en cinco casos.

López Obrador todavía cuenta con índices de aprobación superiores al 60 por ciento, y muchos votantes lo ven como más accesible y cercano que a líderes anteriores.

Sin embargo, la continua violencia está cobrando un precio, a medida que surgen más y más preguntas sobre ese tema en sus conferencias de prensa.

En marzo, el 53 por ciento de los mexicanos aprobaron el trabajo de López Obrador en la lucha contra el crimen organizado, según una encuesta del periódico El Universal. Esa cifra cayó al 31 por ciento este mes.

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(c)2019 Los Angeles Times

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